Perú: por Decreto la presidenta Dina Boluarte incluye en la categoría de enfermos mentales a las personas identificadas como trans

Dina Boluarte, presidenta de Perú (foto: @Almagro_OEA2015 ) Dina Boluarte, presidenta de Perú (foto: @Almagro_OEA2015 )

PERÚ, Lima, 14 de Mayo de 2024 (GPA). La presidenta del Perú, Dina Boluarte, emitió un Decreto Supremo para incluir a las personas que se identifican como “trans” en la categoría de problemas de salud mental. La postura ha generado críticas desde los colectivos LGBTI y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que excluyó a la transexualidad de su manual de enfermedades mentales en 2022.

El Decreto había sido emitió el viernes 10 de mayo de 2024, pero no fue hasta esta semana, que medios locales e internacionales expusieron su alcance. El Decreto Supremo N° 009-2024-SA, firmado por Boluarte, actualizó el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. En esta norma se incluye al transexualismo, transvestismo y trastorno de la identidad de género en la niñez en la categoría de trastornos mentales.

El Ministerio de Salud de Perú emitió un pronunciamiento luego de las críticas de los colectivos defensores de los derechos humanos y argumentó que dicho Decreto pretende “garantizar la cobertura completa de atención en salud mental para la población LGBTI”.

“El Minsa (Ministerio de Salud) reafirma categóricamente el respeto de la dignidad de la persona y su libre accionar en el marco de los derechos humanos, brindando servicios de salud en su beneficio”, señaló la cartera de salud peruana.

Las críticas no solo van enfocadas a la pérdida de derechos de esas comunidades, sino que también abre la puerta a mecanismos como terapias de conversión y uso de hormonas para corregir la disforia de género, según apuntó Diario El Comercio de Perú. “Tardó 28 años en eliminar a las identidades trans de la misma categoría. No retrocedamos un día más”, indicó el colectivo Más Igualdad Perú.

El decreto llega en medio de controversias entre la Fiscalía del Perú y la presidenta Boluarte. Las autoridades investigan a la mandataria por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, omisión de consignación de información en su declaración juramentada y cohecho.

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