El TSJ afirma la ALP no autorizó ningún juicio de responsabilidades y se confirma que Añez será procesada en la vía ordinaria
“El Tribunal Supremo no ha recibido ninguna autorización de parte de la Asamblea Legislativa para iniciar ningún juicio de responsabilidades a ninguna autoridad; en esa medida no radica en sala plena del Tribunal Supremo ningún proceso en contra de esta ciudadana, no se ha abierto ninguna competencia jurisdiccional”, indicó el Presidente del TSJ.

Jeanine Añez será juzgada en la vía ordinaria por las masacres de Sacaba y Senkata.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, afirmó este martes que en esa instancia no radica ningún juicio de responsabilidades en contra de la presidenta Jeanine Áñez y que, por tanto, no se abrió ninguna competencia jurisdiccional de esta entidad.

“El Tribunal Supremo no ha recibido ninguna autorización de parte de la Asamblea Legislativa para iniciar ningún juicio de responsabilidades a ninguna autoridad; en esa medida no radica en sala plena del Tribunal Supremo ningún proceso en contra de esta ciudadana, por lo tanto, para el Tribunal Supremo no se ha abierto ninguna competencia jurisdiccional”, indicó Torres, según informaron medios estatales.

Así, se confirmó que Añez será procesada por la vía ordinaria por el caso referido a la masacre de Senkata que ocurrió durante su Gobierno, en noviembre del 2019.

Torres explicó que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia actuó como “juez contralor” y, bajo esa competencia, determinó remitir “los antecedentes de este proceso (Senkata), entiendo, a un juez de El Alto”.

En enero pasado, después de tomar conocimiento del proceso, el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto definió que Áñez debe ser juzgada penalmente y no en un juicio de responsabilidades, por la masacre perpetrada en Senkata.

Familiares de las víctimas plantearon la demanda penal en contra de Áñez, por la muerte de 10 personas y decenas de heridos por impactos de bala durante la intervención policial-militar a una protesta vecinal en el 19 de noviembre de 2019.

El ministro de Justicia, Iván Lima, explicó el 19 de enero que ante el bloqueo de la oposición, pese a sus compromisos, se solicitó a la Cámara de Senadores que los antecedentes de la proposición acusatoria planteada contra Áñez para un juicio de responsabilidades en el Legislativo sean devueltos al Tribunal Supremo de Justicia.

La solicitud -recordó- fue aceptada y los documentos fueron devueltos el año pasado, por lo que ahora la única alternativa para dar justicia a las víctimas es en la vía judicial.

De acuerdo con la investigación preliminar, el 19 de noviembre de 2019, agentes de la Policía y de las Fuerzas Armadas reprimieron a la población civil de El Alto “registrándose un saldo de 31 personas heridas cuyas lesiones son compatibles con proyectil de arma de fuego, lesiones por elemento contuso perforante; así como 10 personas fallecidas a causa de impacto por proyectil de arma de fuego, de los cuales se identifica 2 fallecidos por calibre 9 mm, 1 fallecido por calibre 5.56 y 4 fallecidos por calibre 22; los restantes 3 cadáveres presentaron orificios de entrada y de salida”.

La base central de la acusación en contra de la exsenadora es la emisión del Decreto Supremo 4078 del 15 de noviembre de 2019, que eximió de responsabilidad penal a personal militar y policial por sus actuaciones en hechos como Senkata, El Alto, y en Sacaba, Cochabamba, donde también se registraron más de una decena de personas fallecidas.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), investigó los hechos de la crisis de 2019 y determinó que hubo una masacre en Senkata y en Sacaba.

Como ocurrió en el caso de Senkata, El Alto, la Fiscalía amplió la investigación por los delitos de genocidio y asesinato en contra de Añez también por la masacre de Sacaba.

La comisión formada por cuatro fiscales firmó el documento de ampliación de la investigación que lleva la fecha del 6 de marzo.

“Señor juez, en previsión del Art. 279 (control jurisdiccional) del Código de Procedimiento Penal, y en mérito al memorial de solicitud de ampliación y demás elementos de convicción incluidos en el cuaderno de investigaciones, se tiene la necesidad de ampliar investigaciones en contra de la siguiente persona: Jeanine Áñez Chávez”, establece el memorial.

Áñez ya cuenta con una sentencia de 10 años de cárcel por el caso Golpe de Estado II o la toma de la Presidencia del Senado, que le luego le permitió hacerse del poder. También es procesada penalmente por designar de forma irregular a una de sus familiares como gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA).