BOLIVIA, La Paz, 07 de Febrero de 2024 (GPA). El presidente de la Cámara de Diputados, integrante de la facción ‘arcista’ del Movimiento del Socialismo (MAS), Israel Huaytari, incumple el acuerdo logrado en la Comisión Bicamaral – Multipartidaria, que en su punto No 2 establece el tratamiento y la aprobación de los proyectos de ley 073 y 075.
En la mañana de este miércoles, Huaytari emitió una convocatoria a Sesión de la Cámara de Diputados, solo para tratar 8 proyectos de ley referidas a créditos internacionales que son de interese del Gobierno de Luis Arce Catacora, excluyendo el tratamiento de los dos proyectos de ley para dejar cesantes a los magistrados autoprorrogados.
Después de críticas y hasta amenazas de parte del evismo y la oposición, la presidencia de la Cámara de Diputados, a la cabeza de Israel Haytari, publicó una nueva convocatoria para su sesión del jueves y, en la misma, además del tratamiento de siete normas de créditos enviadas por el Ejecutivo, también incluyó los proyectos de Ley 073 y 075 que buscan cesar de los cargos a los magistrados y consejeros prorrogados del Órgano Judicial.
Esta Convocatoria fue rechazada por los diputados de la oposición y por los asambleístas del MAS de la facción ‘evista’, lo que obligó al Presidente de la Cámara de Diputados a emitir otra segunda convocatoria a Sesión del Pleno, en la que se incluye los proyectos de Ley 073 y 075, como últimos temas a tratar en el Orden del Día.
Lo que llevó a la alianza Comunidad Ciudadana (CC), a advertir con la ruptura del acuerdo y la negativa a aprobar los proyectos de ley referidos a los 8 créditos internacionales, en caso de que no se inicie el tratamiento de los proyectos de Ley 073 y 075 cesar a los magistrados y consejeros autoprorrogados del Órgano Judicial.
“No vamos a aceptar ese orden del día tal como está planteado, no se van a aprobar ningún tipo de crédito, sí previamente no se altera el Orden del Día. Todavía tiene la posibilidad el señor Huaytari de cambiar esa convocatoria para colocar la 073 y 075 para su tratamiento”, afirmó Carlos Mesa, presidente de CC.
Inicialmente, la Cámara de Diputados informó que se tratarán primero los créditos, lo que ocasionó críticas en la oposición y el ala “evista” y horas después se incorporó los proyectos de ley 073 de suspensión de plazos procesales-competencias jurisdiccionales y la ley 075 para restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188 III, 194 III y 200 de la Constitución Política del Estado.
De no modificarse el orden de tratamiento de los proyectos de ley, significaría que se está “rompiendo el compromiso de buena fe” que tuvieron los legisladores de las tres fuerzas políticas del Legislativo que suscribieron el documento.
El proyecto de Ley 075 restituye “la plena vigencia de los artículos 183, 188 III, 194 III, y 200 de la Constitución Política del Estado” y consta de dos artículos.
El primero establece, en la “Nulidad de Pleno Derecho”, que “se deja sin efecto el numeral 4 de la parte resolutiva de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, de fecha 11 de diciembre de 2023”; y el segundo establece que “los Magistrados y Consejeros del TCP, TSJ, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura cesarán sus funciones el 2 de enero de 2024”.
En cambio, el Proyecto de Ley 073 establece la Suspensión de Plazos Procesales y Continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, como “una medida vital para el funcionamiento ininterrumpido del sistema judicial”.
La norma tiene como objetivo principal la suspensión de plazos procesales en todas las materias, a partir del 2 de enero de 2024, garantizando así la continuidad del trabajo en el sistema judicial hasta la posesión de las nuevas autoridades, elegidas mediante voto popular.
El proyecto de ley proporciona atribuciones específicas a los Tribunales Departamentales de Justicia, la Dirección Administrativa-Financiera y Unidades de enlace administrativo para asegurar la operatividad continua del Órgano Judicial a partir del 2 de enero.
“El Órgano Judicial continuará ejerciendo sus competencias y atribuciones en cumplimiento al mandato constitucional y del ordenamiento jurídico en actual vigencia por intermedio de la administración jurisdiccional ejercida mediante los Tribunales Departamentales de Justicia en todas sus salas incluidas las constitucionales, Juzgados, Tribunales de Sentencia, y Juzgados Agroambientales…”, señala la norma en el parágrafo I del artículo 2.
Otro aspecto fundamental de esta iniciativa es la gestión de los casos pendientes durante este período de transición. Según la disposición aprobada, los secretarios generales del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental, Consejo Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional tendrán la responsabilidad de recibir y custodiar los casos pendientes en cada una de las instancias judiciales involucradas.
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