BOLIVIA, Santa Cruz, 14 de Julio de 2023 (GPA). El Organo Electoral Plurinacional (OEP) no garantiza entregar credenciales a nuevas autoridades judiciales en enero, en caso de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no envíe la lista de candidatos hasta el lunes 4 de septiembre del presente año.
Los vocales nacionales, departamentales y funcionarios de todo nivel, el OEP en pleno se reunió hoy (14.07.2023) en el municipio de Porongo del departamento de Santa Cruz y aprobaron un documento. El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, dijo que “el documento advierte de los riesgos y posibilidades de llevar adelante la elección judicial”.
También informó que se aprobó el calendario electoral, el plan de desarrollo de servicio electoral y el reglamento de administración del material electoral.
El documento leído por el vicepresidente de TSE, Francisco Vargas, señala que el OEP garantiza el desarrollo de las actividades de las elecciones judiciales para el domingo 3 de diciembre de 2023, fecha que permitirá la entrega de credenciales a las autoridades electas para que sean posesionadas el 2 de enero y asuman funciones el 3 de enero.
“Sin embargo, el OEP advierte que para lograr el propósito es imprescindible que la ALP convoque oportunamente al proceso de preselección de candidatos judiciales, concluyendo ese proceso de selección el domingo 3 de septiembre de 2023, para entregar la lista al TSE el 4 de septiembre”, dijo Vargas.
De esa forma, el TSE podrá convocar ese mismo día a las elecciones, “respetando el plazo mínimo de 90 días que debe existir entre la convocatoria y la fecha de elecciones como establece la ley 026 del Régimen Electoral en el parágrafo 1 de su artículo 94”.
“El Órgano Electoral Plurinacional no garantiza la entrega de credenciales a las autoridades electas si la nómina de candidatos preseleccionados no es remitida por la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta el domingo 3 de septiembre del 2023”, se advierte en el tercer punto.
El proceso de preselección de candidatos fue paralizado el 27 de abril, por una acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por el diputado de Creemos, Leonardo Ayala, en contra del nuevo reglamento y la convocatoria de la preselección judicial.
El legislador argumentó que el reglamento se aprobó mediante una resolución de la Asamblea Legislativa y no a través de una ley, como sucedió en las elecciones judiciales de 2017. El TCP anticipó que emitirá su resolución recién hasta fines del mes de julio.
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