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BOLIVIA, La Paz, 26 de Diciembre de 2023 (GPA). El fiscal Omar Alcides Mejillones Copana presenta su acusación formal en contra de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Añez, Fernando Camacho y otras seis personas, en grado de autoría y complicidad, por el supuesto delito de terrorismo en un caso basado en el relato de un “golpe de Estado”.

En la lista de acusados están el exlíder cívico potosino, Marco Pumari; el exministro de Defensa, Luis Fernando López; el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman; el excomandante de la Policía, Yuri Calderón; y los exjefes militares Jorge Fernández y Carlos Orellana.

En el relato del fiscal Mejillones Copana, los imputados Camacho, López, Kaliman y Calderón son acusados en grado de autoría de dar un golpe de Estado a Evo Morales; mientras que la expresidenta Añez, Pumari, Fernpandez y Orellana están acusados de complicidad de un supuesto golpe de Estado.

que tiene que ver con los hechos ocurridos en noviembre de 2019.

El Fiscal, en ese sentido, detalló que la pena para el delito de terrorismo es de 15 a 20 años de cárcel; en el caso de Añez y Pumari variará dependiendo su grado de complicidad.

En ese caso, otros seis imputados se declararon culpables anteriormente para someterse a juicio abreviado: Los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra, además de los militares Jorge Terceros, Palmiro Jarjury, Pastor Mendieta y Flavio Arce.

El caso ‘Golpe I’, tiene que ver con los hechos de violencia ocurridos en noviembre de 2019 y que derivaron en la renuncia forzada del entonces presidente Evo Morales, en medio de protestas cívicas, acusaciones de fraude y tras perder el apoyo de la policía y las Fuerzas Armadas.

Tras la renuncia de Morales – además de su vicepresidente, Álvaro García Linera, y las principales autoridades del Legislativo- Jeanine Añez, quien era segunda vicepresidenta del Senado, se proclamó como Presidenta de la Cámara Alta y luego del Estado amparada en una presunta “sucesión constitucional”.

Añez, precisamente, ya tiene una sentencia de 10 años de cárcel, que cumple en el penal de Miraflores, por la forma “irregular” en la que asumió la Presidencia y también cumple detención preventiva por el caso ‘Golpe I’ y otros.

Entretanto, Camacho ya cumple detención preventiva en Chonchocoro por el Caso Golpe I y Pumari en Potosí por el caso de la quema del Tribunal Departamental, también el 2019.

Entretanto, López, Kaliman, Calderón, además de los otros dos exjefes militares, se fugaron del país y están declarados en rebeldía.

Según las investigaciones de la Fiscalía, Camacho coordinó, a través de López, con los uniformados para derrocar a Morales, además de que realizó movimientos de dinero con esa finalidad.

Ya la mañana de este martes, el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, recordó que, como parte acusadora, el Ministerio de Gobierno demostró que el entonces comandante de la Fuerza Aérea, general Jorge Gonzalo Terceros Lara, recibió en su cuenta bancaria dos depósitos de Camacho cuando éste era presidente del Comité pro Santa Cruz.

En el marco del caso Golpe de Estado I, el Gobierno también reveló que Camacho realizó “grandes movimientos financieros”, entre el 5 de noviembre y el 7 de diciembre de 2019, que llegan a al menos Bs 4,5 millones.

Según las investigaciones, esos recursos se depositaron en favor de distintas personas, entre ellas, exautoridades y exjefes militares.

El Fiscal afirmó que entre otras pruebas se constató que López se reunió con Kaliman el 10 de noviembre de 2019, antes de que las Fuerzas Armadas sugirieron la renuncia de Evo Morales.

Otro indicio es el video donde aparece Camacho afirmando que su padre había “cerrado” con policías y militares para los hechos de 2019.

El 26 de noviembre de 2021, el Comité de la ONU contra la Tortura (CAT) observó la aplicación de los tipos penales de terrorismo y sedición en Bolivia tanto en el Gobierno interino de Jeanine Áñez, encarcelada por el caso llamado “golpe de Estado”, como en la actual Administración de Luis Arce.

Una reunión del CAT en Ginebra abordó la situación en Bolivia y los avances en las recomendaciones que esa instancia brindó tras la crisis de 2019 que para las autoridades bolivianas fue un «golpe de Estado» y para la oposición, el resultado de un fraude electoral en los fallidos comicios generales de ese año.

El relator del CAT, Claude Heller, mencionó que es «fundamental» que «todos los delitos graves y violaciones a los derechos humanos» cometidos en 2019 «tienen que ser objeto de una investigación exhaustiva» y los responsables sancionados «conforme a ley» y «pleno respeto al debido proceso».

También consideró «fundamental» la reforma del sistema judicial que es un aspecto «esencial» de las preocupaciones del comité, lo que implica revisar la legislación vigente en Bolivia en tipos penales como terrorismo y sedición que «han sido esgrimidos en acusaciones en contra del Gobierno de Evo Morales como posteriormente en contra de la que fue presidenta interina» Áñez.

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