Bolivia: Defensoría del Pueblo establece que los policías ejercitaron tratos crueles y lesiones a César Apaza y el fiscal no investigó esas torturas

Dirigente Cesar Apaza sujeto a la camilla con un grillete Dirigente Cesar Apaza sujeto a la camilla con un grillete

BOLIVIA, La Paz, 01 de Junio de 2023 (GPA). El dirigente de los cocaleros de los Yungas de La Paz, denunció ante la Defensoría del Pueblo, a los policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen por la violación de sus derechos, lesiones y torturas.

Hoy (01.06.2023), la Defensoría del Pueblo hizo público su informe en el que estableció que César Apaza sufrió trato cruel, degradante y lesiones e incluso torturas por parte de los policía de la Felcc, cuando fue aprehendido el 22 septiembre de 2022.

El informe de la Defensoría evalúa los hechos desde que Apaza fue aprehendido el 22 de septiembre de 2022, durante un operativo policial de madrugada a bordo de un vehículo sin placa, hasta sus problemas de salud que sufrió en la cárcel de Chonchocoro.

Según el informe, también se apunta a un “coronel Rojas” por las agresiones y al fiscal Carmelo Laura Yujara por no investigar las denuncias relacionadas a tratos degradantes, aprehensión ilegal e incluso torturas.

“Las lesiones que sufrió Julio César Apaza son producto de la intervención policial al momento de su aprehensión y durante su traslado y permanencia en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), y que los hechos ocurridos configuran los elementos de trato cruel y degradante establecidos en la normativa y jurisprudencia internacional y nacional”, señala el informe de la Defensoría del Pueblo.

En el documento la Defensoría replica el testimonio de Apaza. “Fui rociado con gas en toda mi cara, no por uno, si no, por todos los policías (…) me agarraron de las manos, de los pies, y me tumbaron al piso, y me subieron a la movilidad (…) me resisto a la aprehensión cuando ellos solamente me tiran, me jalan de los brazos, me atan de los pies (…) arrancó la movilidad, la mitad como esta en las imágenes, vi que ya llegaron a la esquina, me resigné y colaboré, pero no conformes con eso, me llevaron hasta la FELCC a golpes”, relata Apaza, según Erbol.

El dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA), César Apaza, había relatado ante la Defensoría del Pueblo, que recibió golpes e insultos de parte de policías cuando fue ingresado a las instalaciones de la FELCC, y que le obligaron a firmar el documento de aprehensión.

“Me dieron de golpes duros enmanillado, enmanillado en la parte de atrás, si no me cree que estaba enmanillado esto es de la manilla (muestra su muñeca), llegó el Coronel Rojas, me dio mi orden de aprehensión, lo cual me negué a firmarla, pedí que me dieran permiso de comunicarme con mi abogado, me rechazaron”, dice el testimonio.

“El coronel Rojas, me dijo ‘firma carajo’ y le mire y le dije, no voy a firmar, mi coronel, porque entiendo que tengo mis derechos, solicito comunicarme con mi abogado, ‘firma primero carajo’ me volvió a repetir, se salió y en salirse me dio otros golpes, volvió a entrar y dejaron de golpearme, y me preguntó, ‘cómo es hijo de puta, vas o no vas a colaborar’. Yo le dije que sí, pero, que también me dejen primero hablar con mi abogado y me empezó a agarrar del cuello, ‘Apaza mierda, vas a firmar o no’, le mire y le dije que no, se abstuvo a tirarme el golpe, mirándome con una mirada muy enojada, y ahí sus encapuchados, sus policías, me propinaron otros puñetes”, relató Apaza, según Erbol.

En su testimonio Cesar Apaza identifica al coronel Rojas de la FELCC de ser uno de los policías que vulneraron sus derechos constitucionales y de los tratos crueles, degradantes. “Volvió el coronel Rojas, viendo después de eso que me estaban golpeando, me volvió a preguntar ‘cómo es mierdita, vas a colaborar’, le dije que sí,… bolígrafo, empecé a firmar como podía”, señal el informe.

Según la Defensoría del Pueblo, la Policía remitió los informes respectivos, sin embargo, la respuesta de los policías no contendría los descargos suficientes que desvirtúen la denuncia de César Apaza de haber sufrido agresiones físicas y psicológicas durante su aprehensión y su traslado y permanencia en la FELCC.

Además, el reporte exhibe que el Estado incumplió con su tarea de investigar las denuncias sobre la presunta tortura a la que fue sometido el dirigente cocalero, quien estando tras las rejas sufrió diferentes complicaciones de salud, tema que ya había sido expuesto en el mes de mayo por el responsable del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Juan Ledezma.

“El Estado está incumpliendo su obligación de investigar una denuncia de tortura, siendo que el fiscal Carmelo Laura Yujra no realizó ninguna acción que posibilite que el Ministerio Público cumpla con su deber de investigar el hecho, a pesar de las cinco oportunidades donde se le instó a que se cumpla con la obligación estatal”, complementa el documento.

En ese marco, la entidad defensorial concluyó que “las lesiones que sufrió Julio Cesar Apaza Tintaya, son producto de la intervención policial al momento de su aprehensión y durante su traslado y permanencia en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz (FELCC La Paz), y que los hechos ocurridos configuran los elementos de trato cruel y degradante establecidos en la normativa y jurisprudencia internacional y nacional”.

Afirma también que los “agentes policiales infligieron de manera intencional dolores físicos con la finalidad de aprehenderlo sin antes haberle informado de los motivos de su aprehensión, ni haber utilizado ningún medio persuasivo para aprehenderlo sin violencia y obligarlo a firmar la notificación y recepción de su orden de aprehensión”.

La entidad defensorial señaló que la Fiscalía incumplió con el deber de investigar de oficio posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En particular, la resolución señala que “el fiscal Carmelo Laura Yujra no realizó ninguna acción que posibilite que el Ministerio Público cumpla con su deber de investigar el hecho, a pesar de las cinco oportunidades donde se le instó a que se cumpla con la obligación estatal de investigar un hecho de presunta tortura”.

El informe señala también que el fiscal no requirió oportunamente valoraciones médicas complementarias que coadyuven a un diagnóstico certero del estado de salud de Apaza, que habría sufrido lesiones de consideración al momento de su aprehensión.

En ese marco, se recomendó al Ministerio Público iniciar proceso disciplinario contra el fiscal Laura por no haber emitido requerimiento fiscal oportuno para complementar la valoración médica de Apaza y no haber realizado las acciones correspondientes para que se inicie una investigación por los hechos de tortura denunciados.

Advierte que incluso “los malos tratos de los que fue víctima César Apaza podrían configurar tortura si la investigación, en especial la aplicación del Protocolo de Estambul y pericias psicológicas, aportan mayores elementos para la calificación de la gravedad o severidad, según circunstancias subjetivas y objetivas que la jurisprudencia internacional ha determinado”.

La resolución defensorial plantea que la investigación del caso se realice aplicando el Protocolo de Estambul, que es el estándar internacional para la investigación de hechos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

“Recomendar a la Fiscalía General de Estado instruir se investigue de manera pronta, imparcial y efectiva, aplicando el Protocolo de Estambul, los hechos que afectaron la integridad física y psicológica de Julio Cesar Apaza Tintaya durante su aprehensión, traslado y estadía en la FELCC La Paz, (ocurrida) el 22 de septiembre de 2022” de conformidad a lo establecido en la Constitución y el Código de Procedimiento Penal, señala la resolución.

Siendo el Estado garante de las personas privadas de libertad bajo su custodia, la recomendación también incluye a la Dirección del Régimen Penitenciario para que garantice el acceso a la salud y que Apaza reciba su tratamiento médico acorde a su diagnóstico.

Apaza fue aprehendido por efectivos policiales el 22 de septiembre de 2022, ocasión en la que el sindicado afirmó que, durante ese procedimiento, y también en el traslado y permanencia en la FELCC de La Paz, “fue torturado, agredido física y verbalmente, para que firme la recepción de su orden de aprehensión”, concluye su informe la Defensoría del Pueblo.

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