El juez Octavo de Instrucción en lo Penal de La Paz, Sergio Pacheco, avaló la aprehensión violenta y del Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho

Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, es introducido a la FELCC de La Paz Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, es introducido a la FELCC de La Paz

BOLIVIA, La Paz, 29 de Diciembre de 2022 (GPA). El juez Octavo de Instrucción en lo Penal de La Paz, Sergio Pacheco, avaló la aprehensión violenta y del Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, e instaló la audiencia de medidas cautelares.

Los abogados defensores de Camacho plantearon ante el juez Pacheco tres incidentes, una excepción, además de dos acciones de libertad. Aproximadamente a las 20:00, el juez rechazó los incidentes e instaló la audiencia cautelar.

“El Juez Octavo de Instrucción en lo Penal Cautelar declara infundada el incidente de ilegalidad promovida por la defensa técnica del imputado Luis Fernando Camacho”, señaló Sergio Pacheco.

La fiscal Omar Mejillones Copana imputó al gobernador de Santa Cruz, por el delito de terrorismo en grado de autor en el caso basado en una teoría de «golpe de Estado” y requirió la detención preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro.

Carlos Ledezma, abogado de Camacho, consideró “descabellado” que se esté solicitando la detención de gobernador electo en la cárcel Chonchocoro. Asimismo, señaló que el Ministerio Público está actuando en tiempo récord contra el gobernador.

En la imputación del abogado Mejillones se sindica a Camacho de haber tenido el 2019 la firme intención de deponer al gobierno de Evo Morales y que, con sus declaraciones se habría generado una serie de hechos vandálicos.

Cuando en realidad, Evo Morales Ayma renunció a la Presidencia de Bolivia aproximadamente a las 17:00 pm del domingo 10 de noviembre de 2019, forzado por el contundente informe de auditoria realizado por la Organización de Estados Americanos (OEA) a las elecciones generales del 20 de octubre del 2019, a solicitud del mismo Morales.

La auditoría de la OEA estableció un fraude electoral que benefició a Evo Morales Ayma, quien se repostuló por tercera vez al cargo de Presidente, violando el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) y desacatando el referendo vinculante del 21 de febrero del 2016.

Este caso se inició a denuncia de la ex diputada del partido gobernante, Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty, quien interpuso la acusación a finales del 2020. En el proceso penal figuran la presidenta Jeanine Áñez y los políticos líderes de la oposición que participaron de las reuniones para pacificar a Bolivia, que estaba al borde de una guerra civil en noviembre de 2019.

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