BOLIVIA, Santa Cruz, 28 de Abril de 2024 (GPA). La Fiscalía de Santa Cruz determinó ignorar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al rechazar investigar la denuncia penal por delitos de torturas y vejámenes cometidos en contra de las víctimas del asalto al hotel Las Américas.
La resolución firmada por la comisión de fiscales integrada por Marioly Torrez Jurado y Daniel Ortuño García -sobre la denuncia de las víctimas, Mario Tadic y Elód Tóásó- fue presentada el jueves 25 de abril ante el Juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal a cargo del juez Manuel Baptista, que tiene el control jurisdiccional sobre uno de los casos registrado el 16 de abril de 2009.
Los fiscales argumentos argumentan que se emitieron requerimientos y se desarrollaron diligencias a fin de esclarecer el hecho, sin embargo, los elementos colectados no fueron suficientes para llegar a la verdad histórica de los hechos denunciados. Ante esa situación, la Fiscalía determinó rechazar la denuncia ante la falta de pruebas y elementos contundentes.
Además, el Ministerio Pública señaló que, desde el inicio de la investigación y luego de que se informara al juez de control jurisdiccional sobre el caso, el 27 de noviembre de 2019, “hasta la fecha, no se han apersonado la parte denunciante, ni las víctimas Mario Tadic y Elód Tóásó, para poder prestar sus declaraciones, con relación a los hechos denunciados”, según consigna el diario cruceño, El Deber.
“Ante esta ausencia, se procedió a oficiar a las diferentes instituciones públicas y privadas, para poder dar con el paradero de los mismos”, ya que eran “indispensables para lograr la identificación de los autores de este hecho ilícito y así llegar a la verdad histórica de los hechos denunciados”, explicó la comisión de fiscales, según la misma fuente.
Los fiscales también agrega que, durante la etapa preparatoria, se emitieron 47 requerimientos dirigidos a entidades estatales y privadas, para conocer antecedentes, datos e informes de las víctimas sobrevivientes, entre ellas, el Servicio General de Identificación Personal (Segip), el servicio de Registro Cívico (Serecí), Migración, Comando de la Policía, Interpol. Sin embargo, presuntamente, nunca respondieron.
La presentación del rechazo de denuncia a las investigaciones, se hizo efectiva justo el último día que se cumplía el plazo de la cuarta conminatoria a la Fiscalía por parte del juez Manuel Baptista para que se pronuncie con resolución conclusiva.
En su resolución, apuntaron que, de acuerdo con el artículo 27 del Código de Procedimiento Penal, la investigación podrá reabrirse, pero en un término de un año, con nuevos y fehacientes elementos de prueba.
Los fiscales, en su resolución de rechazo, hacen notar que se tendría que notificar a las partes denunciantes y a las víctimas con esta última decisión. Exponen en la resolución también que de acuerdo al artículo 27 del Código de Procedimiento Penal, la investigación puede abrirse de nuevo, pero en un término de un año para la aportación de nuevos y fehacientes elementos de prueba.
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