BOLIVIA, La Paz, 12 de Septiembre de 2024 (GPA). El Gobierno de Luis Arce, decreta una pausa ambiental indefinida para frenar la gran magnitud de los incendios forestales provocados en Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba y La Paz.
El Decreto Supremo 5225, dispone la pausa ambiental ecológica en toda Bolivia, por lo que se anula y niega sin plazo las autorizaciones de quemas emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT). Además se declara “no disponibles” por cinco años las tierras fiscales afectadas por quemas e incendios hasta su restauración y posterior utilización.
“El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobierno, a través de las instancias correspondientes, reforzarán el resguardo de áreas protegidas y reservas forestales a nivel nacional”, establece el artículo 5 del decreto aprobado en reunión de gabinete presidido por el presidente Luis Arce.
Frente las bajas penas contra responsables de los incendios forestales y la destrucción de la biodiversidad, se envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para incrementar hasta 12 años la pena de cárcel en contra de quienes provoquen incendios en bosques, tierras forestales, reservas protegidas, tierras fiscales humedales o pastizales.
También se prevé condenas de 5 a 7 años de cárcel contra quien o quienes orden o se beneficien “con la ejecución del incendio forestal”. Este proyecto de ley implica modificar el Código Penal.
Sin embargo, el Gobierno de Luis Arce no ha tomado ninguna acción para desarmar el denominado por los ambientalista como “paquete de normas incendiarias”, a las leyes y decretos puestas en vigencia desde el 2013, por gobierno de Evo Morales.
Entre ellas la Ley 337 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques.
Ley 502 de ampliación del plazo y modificación a la Ley 337.
Ley 741 que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades destinadas a la actividad agrícola y ganadera.
Ley 1098 de agro-combustible de etanol y diésel.
Ley 1171 que autoriza quemas para actividades agrícolas.
Decreto Supremo 3973 que autoriza el desmonte en los departamentos de Santa Cruz y Beni para actividades agropecuarias.
Decreto Supremo 26075 que modifica la ampliación de fronteras de producción del sector ganadero y agroindustrial sobre áreas de bosque.
Decreto Supremo 4232 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificado en sus diferentes eventos destinado al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa.
En ese contexto, la actual legislación contiene penas leves contra los responsables de causar incendios forestales, que en lo que va del presente año, han ocasionado la destrucción de más de 3,8 millones de hectáreas, afectando, no solo a la flora y fauna, sino también a las comunidades indígenas.
Recientemente fueron liberadas cuatro personas que fueron encontradas con combustible para incendios forestales en las zonas de incendios en Santa Cruz, y otra persona se benefició con un juicio abreviado y su libertad, aunque con la orden judicial de sembrar 100 plantines.
Los ministros de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer; de Salud, María Renée Castro; de Obras Públicas, Edgar Montaño; y de Desarrollo Rural y Tierras, Juan Flores, informaron en una conferencia de prensa conjunta sobre el contenido de las iniciativas legales para enfrentar desde lo legal los incendios forestales.
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