ARGENTINA, Buenos Aires, 12 de Febrero de 2026 (GPA). El Senado aprobó la ley de reforma del régimen laboral en Argentina, impulsada por el presidente Javier Milei. La norma realiza un cambio profundo en las relaciones de trabajo del país con altos niveles de sindicalización.
La llamada Ley de Modernización Laboral constituye una de las reformas estructurales más ambiciosas del gobierno de Milei, que aún debe ser sometida a votación antes de pasar a la Cámara de Diputados. La oposición y los sindicatos han calificado la ley de «esclavista».
Durante la tarde del miércoles, manifestantes y policías se enfrentaron en la Plaza del Congreso de Buenos Aires y sus alrededores. La Policía usó material antidisturbios para dispersar la protesta y varias personas fueron detenidas, informa Esther Rebollo.
El bloque peronista y fuerzas aliadas se opusieron, pero el Proyecto fue aprobado en la madrugada de hoy (12.02.2026), con 42 votos a favor y 30 en contra. Algunos legisladores denunciaron que el texto final –213 artículos distribuidos en 122 páginas– fue entregado de manera extraoficial apenas dos horas antes de la votación.
«Histórico, VLLC [viva la libertad carajo]», señaló Milei en la red social X al conocerse el resultado de la votación.
«Esta ley representa un punto de inflexión en la historia laboral argentina. Tras años de litigiosidad laboral que beneficiaron a unos pocos, burocracia excesiva y normas desfasadas ante los profundos cambios económicos y tecnológicos, estamos ahora ante una transformación profunda que devuelve previsibilidad, dinamismo y libertad al mercado de trabajo», ha asegurado la Oficina del Presidente en un comunicado.
La reforma sustituye los límites horarios de las jornadas por «bancos de horas»; limita la ultraactividad de los convenios y prima los de empresa; permite el fraccionamiento de las vacaciones; reduce las indemnizaciones por despidos; amplía la consideración de «esencial» de sectores laborales, lo que limitará su derecho a la acción colectiva; y limita la celebración de asambleas, entre otras medidas.
Tras el triunfo del partido de Milei, el ultraderechista Libertad Avanza (LLA), en las elecciones parlamentarias de octubre, el gobierno libertario, en su momento de mayor poder, decidió impulsar de manera urgente un proyecto de ley que barre con muchas de las condiciones laborales obtenidas por los trabajadores argentinos durante 80 años.
El oficialismo sostiene que el régimen laboral argentino es rígido y desalienta la inversión privada, por lo que promovido la reforma. Sin embargo, los sindicatos, académicos y bloques opositores, consideran que se trata de una flexibilización que debilita el sistema de protección construido desde mediados del siglo XX.
En contra partida, el gobierno sostiene que ataca el empleo informal, que está cerca del 40 por ciento, pero lejos de avanzar, a los trabajadores de plataformas de reparto o transporte, los condena a la informalidad negando cualquier forma de relación laboral entre ellos y las empresas de aplicaciones, así como todo derecho de cobertura social o salario mínimo.
Además, media esta cuestionada ley se modifican regímenes impositivos, sin relación con el mundo laboral, como rebajas impuestos a bienes suntuarios y aeronaves, y elimina el fomento a la cinematografía.
Otras modificaciones centrales se encuentra el cambio del régimen de indemnizaciones por despido. El proyecto redefine a la baja la base de cálculo, y crea un Fondo de Asistencia Laboral, para cubrir contingencias derivadas de desvinculaciones.
Ese fondo surgirá de disminuciones de los aportes empresarios a la seguridad social. Será el Estado argentino quien financiará el mismo, estimándose en 2 mil 500 millones de dólares al año la caída de ingresos del sistema de jubilaciones y pensiones, monto que cubrirá los despidos futuros de trabajadores. No serán las empresas.
Según el gobierno, el nuevo esquema brinda previsibilidad y reduce conflictos judiciales; para la oposición, abarata el despido y reduce la capacidad disuasoria frente a cesantías arbitrarias.
Otro eje es el llamado “banco de horas”, por el que se permite compensar horas extras con tiempo libre, en lugar de abonarlas con recargo, habilitando jornadas de hasta 12 horas diarias.
Del mismo modo, se permite fraccionar el período de vacaciones, de acuerdo a las necesidades de la empresa. Para el oficialismo, se trata de herramientas de flexibilidad productiva acordes a economías modernas; para los críticos, implica jornadas más extensas bajando la nómina salarial para la compañía contratante.
La reforma fortalece además los convenios colectivos por empresa por sobre los sectoriales, y limita la vigencia de los convenios colectivos por sector, lo que podría debilitar la posición negociadora sindical.
También limita el derecho de huelga al ampliar el listado de actividades consideradas esenciales, imponiendo servicios mínimos obligatorios y requisitos más estrictos para su convocatoria.
Durante el debate, el senador peronista Mariano Recalde afirmó que el oficialismo no pudo señalar “un solo artículo que mejore la situación de los empleados”, y definió la reforma como un “plan para despedir y destruir derechos”.
Desde el sindicalismo se insiste en que el alto nivel de informalidad no se resolverá reduciendo garantías laborales sino promoviendo crecimiento y fiscalización efectiva.
Especialistas en derecho del trabajo advierten que la combinación de menor protección frente al despido, debilitamiento de convenios colectivos y ampliación de jornadas altera el equilibrio histórico entre capital y trabajo. También cuestionan la ampliación de actividades esenciales, que podría limitar de manera significativa la capacidad de presión sindical en los conflictos.
En paralelo a la sesión, el Congreso estuvo rodeado por manifestaciones de organizaciones sociales y sindicales. El operativo de seguridad derivó en represión a los manifestantes, con detenciones y heridos, entre ellos periodistas que cubrían la manifestación.
La Confederación General del Trabajo (CGT) denunció que el gobierno de Milei se negó a una negociación real y anticipó nuevas medidas de fuerza si la Cámara de Diputados confirma el tenor de la norma sin modificaciones.
Desde el oficialismo argumentan que la rigidez normativa y los altos costos de despido desalientan la contratación y empujan a la informalidad. En un contexto de crisis económica persistente, presentan la flexibilización como condición necesaria para atraer inversiones y dinamizar el mercado.
Otro de los aspectos más polémicos de la reforma se centra en el sistema de despido en Argentina, ya que retiraría las sólidas protecciones que el país ha ofrecido durante décadas contra el despido injustificado, lo que hasta ahora ha permitido a los tribunales otorgar indemnizaciones sustanciales tras demandas por despido improcedente.
El proyecto de ley ampliaría los periodos de prueba durante los cuales las empresas pueden prescindir de nuevos empleados que consideren improductivos, debilitaría a los sindicatos nacionales al permitir la negociación colectiva a nivel de empresa y reduciría las causales de despido improcedente.
Los opositores de la medida advierten, además, que la reforma incluye un empeoramiento del derecho a las vacaciones, licencias y bajas médicas, así como un incremento de las jornadas laborales. También señala que limita los derechos sindicales y a la huelga.
En definitiva, el proyecto de ley ha generado una férrea oposición por parte de los sindicatos y sus aliados peronistas, quienes argumentan que revertiría las medidas que protegen a los trabajadores de los abusos y de las notoriamente frecuentes crisis económicas del país.
«Si las indemnizaciones por despido, las horas extras y las vacaciones -en otras palabras, todas las protecciones que los trabajadores han adquirido con el tiempo- están en juego, no mejorará la situación para nadie», declaró Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y el funcionario electo más poderoso de la oposición peronista.
Quienes apoyan la reforma de la ley laboral de Milei afirman que las elevadas indemnizaciones por despido y los impuestos hacen casi imposible el despido de empleados, lo que limita la productividad y desalienta a las empresas a buscar empleo formal.
Casi la mitad de los argentinos, trabaja “en negro”. Es decir, en empleo informal o no declarado y señalan que el crecimiento del empleo en el sector privado se ha estancado durante 14 años. Sostienen así que la reforma incentivaría la contratación laboral.
“Con la modernización del sistema laboral, más personas tendrán acceso al empleo formal y legal (…) Estamos reconstruyendo Argentina desde cero, empezando por el empleo”, declaró el partido La Libertad Avanza de Milei en un comunicado al inicio del debate.
Con la media sanción ya aprobada, el debate se traslada a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo carece de mayoría propia y deberá negociar nuevamente apoyos. Más allá del resultado legislativo, la reforma ya se convirtió en un punto de inflexión político en una sociedad históricamente marcada por la centralidad del movimiento obrero.
De aprobarse de forma definitiva, se marcaría un paso importante en la reforma económica de Javier Milei. Una derrota debilitaría su agenda y pondría de manifiesto los límites que enfrenta su Gobierno minoritario.
Los analistas esperan que la legislación propuesta avance si el Gobierno acepta los cambios propuestos por los legisladores moderados de la oposición.
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