BOLIVIA, Tarija, 12 de Mayo de 2026 (GPA). La Fiscalía de Bolivia anuncia que solicitará al Tribunal Primero de Sentencia una condena de 20 años de prisión para el expresidente Evo Morales Ayma (2006-2019), por el presunto abuso cometido en 2015 contra una menor de 15 años, cuando él tenía 55 años.
El fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro, explica que la acusación se sustenta en el delito de Trata y Tráfico de Personas agravada, debido a que la víctima era menor de edad. Por lo que la pena máxima prevista por el Código Penal para ese caso alcanza las dos décadas de prisión en la cárcel.
«El artículo 281 del Código Penal (establece que) la pena máxima (por trata agravada) es de 20 años de presidio y eso es lo que el Ministerio Público, luego de demostrar la teoría del caso, vamos a solicitar dicha pena», señala Mogro, según consigna el diario local El Deber.
Para ese cometido, detalla que el Ministerio Público reunió más de 140 pruebas documentales y aproximadamente 50 testigos para sustentar durante el juicio, la acusación formal contra el expresidente socialista.
El juicio oral debía ser iniciado este lunes 11 de mayo en Tarija; sin embargo, Morales Ayma no asistió a la audiencia. Ante esa situación, el Tribunal Primero de Sentencia declaró en rebeldía al exmandatario de 66 años y emitió un nuevo mandamiento de aprehensión, además de arraigo.
El juicio oral quedó suspendido hasta que el Morales Ayma comparezca ante la Justicia o la Policía ejecute la orden de captura. En este proceso de Trata y Tráfico también fue incluida la madre de víctima, Idelsa Pozo, contra quien también se emitió un mandamiento de aprehensión y arraigo.
Por su parte, el abogado defensor Wilfredo Chávez afirmó que Morales no recibió una notificación personal para asistir al juicio y sostuvo que la citación mediante edicto judicial representa un defecto procesal. También aseguró que el caso tiene motivaciones políticas.
Morales enfrenta una acusación por presuntamente haber mantenido una relación incestuosa con una adolescente de 15 años en 2015. Según la investigación, de esa relación en 2016 nació una niña cuyo padre es el exgobernante, de acuerdo con un Certificado de Nacimiento emitido en Yacuiba, Tarija.
La defensa del exmandatario también solicitó que el Tribunal de Sentencia considere un memorial presentado por la ahora joven víctima, en el que sostiene que no existe víctima en el caso. La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz, indicó que ese planteamiento deberá analizarse dentro del juicio.
«Mientras no se instale el juicio oral no se puede resolver ningún memorial de manera escrita», explicó de forma escueta.
Amparado en su cargo de Presidente de Bolivia y protegido por los jueces y fiscales de todo el país, Morales Ayma evadió a la justicia durante todo su gobierno y también durante la gestión de su sucesor en el cargo, Luis Arce Catacora (2020-2025), hasta que ambos rompieron vínculos.
A este «exmandatario progresista», en Bolivia se le conoce públicamente un total de tres casos similares de abuso a menores con la complicidad de los familiares de las víctimas. Uno de los más escándalos casos fue revelada por su exnovia, Gabriela Zapata, en 2016, unas semanas antes del referéndum que evitó su reelección indefinida.
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