Bolivia: gobernadores rechazan el Presupuesto General 2025, por incumplimiento de acuerdos y falta de recursos tras el Censo

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BOLIVIA, Santa Cruz, 27 de Noviembre de 2024 (GPA). En una reunión desarrollada en Santa Cruz, ocho gobernadores del país rechazaron el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, por incumplimiento de acuerdos relacionados con las competencias regionales y una carga financiera que el Gobierno ha impuesto desde las prefecturas.

Esta postura fue acordada con la participación del gobernador de Tarija, Óscar Montes; de Cochabamba, Humberto Sánchez; de Chuquisaca, Esteban Urquizu; y el anfitrión de Santa Cruz, Mario Aguilera; junto a los equipos técnicos de Beni, Oruro y Potosí. porque el presupuesto proyectado no incorpora compromisos asumidos en el último Consejo Nacional de Autonomías.

Óscar Montes afirmó que las regiones no podrán recibir “ni un solo centavo” de acuerdo con los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en marzo de este año, por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El gobernador de Tarija lamentó que el Gobierno nacional continúa imponiendo cargas financieras sobre las regiones pese a los acuerdos consensuados. La imposición gubernamental se hace sin respeto por las autonomías, lo que genera un clima de descontento.

El gobernador Montes reveló que uno de los acuerdos arribados con el Gobierno y el ministro de Economía fue, incorporara un artículo en el proyecto de ley del PGE 2025 que indique que ‘las gobernaciones deben priorizar sus recursos para cumplir con las competencias asignadas por la Ley 031 Marco de Autonomías’.

Montes también insistió en que el Gobierno pretende poner en vigencia el artículo número 10 de la Ley 3302 de 2004. Lo que consideró que esto representa una situación abusiva del centralismo hacia las autonomías departamentales.

La decisión de los gobernadores refleja un creciente descontento ante lo que perciben como un incumplimiento sistemático por parte del Gobierno de Luis Arce Catacora respecto a los acuerdos establecidos en instancias anteriores.

Los gobernadores también expresaron su preocupación sobre el impacto de estas decisiones en la capacidad operativa y financiera de las gobernaciones. Esto afecta la implementación efectiva de proyectos locales y la provisión de servicios públicos esenciales, dijo.