ESTADOS UNIDOS, Whashington DC, 07 de Enero de 2025 (GPA). Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revela que el Gobierno de Nicolás Maduro ejecutó “al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
La CIDH detalla que la represión inició el pasado 28 de julio, después de la realización de las elecciones presidenciales en Venezuela, circunstancia que el Maduro puso en marcha la conocida “Operación Tun Tun” en respuesta a las cerca de 300 manifestaciones que se desencadenaron en el país por “la percepción de fraude”.
“Esta operación dejó al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2,000 detenciones arbitrarias -incluyendo niñas, niños y adolescentes-, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y graves violaciones a las garantías judiciales y la libertad de expresión”, sostiene el Informe.
La CIDH, órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), añade que “se emplearon tácticas como detenciones masivas, allanamientos sin orden judicial, marcación de viviendas opositoras, redadas en barrios populares y cancelación abrupta de pasaportes”.
Según el informe de la CIDH, resalta que ‘estas violaciones a los derechos humanos y prácticas de terrorismo de Estado, en Venezuela, son consecuencia de la cooptación de las instituciones estatales por parte del Poder Ejecutivo; de la corrupción y el control de los poderes públicos que han permitido que el régimen actúe con total impunidad (…) las restricciones a los derechos políticos registrados impiden a esta Comisión considerar que la reelección de Nicolás Maduro goza de legitimidad democrática’.
El documento analiza, en tres etapas, la estrategia represiva del régimen para impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente, y sembrar terror en la ciudadanía. Todo ello, con el propósito de perpetuarse en el poder.
En la primera etapa, durante el período preelectoral, el Estado obstaculizó la participación política de la oposición, utilizando el control de diversas instituciones como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El régimen detuvo arbitrariamente a personas opositoras, defensoras de derechos humanos y líderes sociales, y amedrentó e inhabilitó a dirigentes de la oposición, señala la CIDH.
En la segunda fase, durante las elecciones presidenciales del 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral CNE suspendió la transmisión de los resultados y se rehusó a publicar las actas de votación que respaldaban el supuesto triunfo de Nicolás Maduro. Esto dio lugar a graves denuncias de fraude electoral y a un inconformismo generalizado en la población. Anticipando un fraude electoral, la oposición recolectó el 83,5% de las actas a nivel nacional, sosteniendo su autenticidad por contar con los correspondientes sellos, firmas y códigos de seguridad. La totalización de esas actas muestra que Edmundo González Urrutia ganó la elección.
La tercera fase de la represión siguió después de la jornada electoral, en la violencia aumentó en respuesta a las protestas de rechazo al fraude electoral. Alrededor de 300 manifestaciones espontáneas fueron reprimidas por las fuerzas del régimen y grupos civiles de choque. La “Operación Tun Tun” resultó en al menos 25 muertes, más de 2 mil detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos. Las fuerzas de seguridad también llevaron a cabo allanamientos sin orden judicial y detenciones masivas, además de recurrir a actos de violencia sistemática contra personas manifestantes.
La CIDH, que también denunció falta de separación e independencia del Poder Judicial, instó a la comunidad internacional “a reconocer la grave crisis de derechos humanos en Venezuela y a mantenerse vigilante frente a nuevas escaladas represivas”.
Y pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que presentara formalmente “un caso por la comisión de crímenes de lesa humanidad”.
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