BOLIVIA, Santa Cruz, 16 de Enero de 2023 (GPA). En una reunión desarrollada este lunes en la ciudad de Santa Cruz, el Comité Cívico nacional determinó llevar adelante un cabildo en los nueve departamentos de Bolivia, el próximo 25 de enero, para exigir la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho y otros “180 presos político”.
Los cívico declaran Emergencia nacional hasta “restablecer el estado de derecho” en Bolivia”, señala el documento leído por el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. En la asamblea también se resolvió suspender los bloqueos de carreteras en Santa Cruz tras la detención del gobernador de Santa Cruz y activar el “resguardo pacífico” de oficinas públicas en los nueve departamentos.
“Convocar al gran cabildo nacional a realizarse simultáneamente este 25 de enero de 2023, donde pondremos en consideración del pueblo boliviano en general preguntas concretas que buscarán dar el norte que necesitamos como país para conseguir la restauración del estado de derecho, la recuperación de la democracia, la liberación de todos los presos políticos y el cambio radical de la justicia corrupta que coarta los derechos civiles”, dice el documento.
“Nos declaramos en estado de emergencia nacional. A partir de la fecha se consolida el Comité Permanente de Defensa de la Ciudadanía Boliviana. Desde ahí este comité se dará a conocer a la ciudadanía en general, de manera sistemática y ordenada, las diferentes actividades y acciones de protestas pacíficas y democráticas a realizarse en los nueve departamentos, hasta conseguir la restauración del estado de derecho y la liberación de los más de 180 presos políticos”.
Los cívicos denuncian a la comunidad internacional que el gobierno boliviano, presidido por Luis Alberto Arce Catacora, “ha instaurado en Bolivia un régimen de terrorismo de Estado, inseguridad jurídica y grupos parapoliciales de represión ciudadana contra la movilización pacífica, mediante la persecución política y la criminalización de facto del ejercicio del disenso, la protesta y la libre expresión”, señalan.
El documento también refiere a la manipulación del Ministerio Público y de los tribunales de justicia para mantener sometidos a líderes de oposición y población. Los cívicos instan a las fuerzas políticas de oposición a la unidad y anuncian que demandarán la manipulación de la justicia y la persecución política ante los organismos internacionales.
“Instar a toda fuerza política opositora a este régimen totalitario a sumarse a nuestra lucha, ‘ejecutando todas las acciones de unidad pertinentes y necesarias para cumplir y hacer cumplir lo decidido dentro de esta magna asamblea'”, manifiestan los cívicos.
El movimiento cívico de Bolivia condenan “los abusos, actos atentatorios contra la vida y los derechos humanos de ciudadanos bolivianos” que la Policía Nacional ha venido realizando en las diferentes manifestaciones pacíficas que se han dado a nivel nacional.
“Lucharemos hasta restaurar la institucionalidad e independencia de la Policía Boliviana, con el fin de respetar el uniforme y Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia por los que juraron lealtad”, expresaron los cívicos.
Los Comités Cívicos Nacionales determinan respaldar “el derecho de la ciudadanía boliviana en general que, dentro del marco legal, pacífico y democrático, puedan realizar las acciones de protesta que consideren convenientes para hacer respetar los derechos de la institucionalidad, de las autoridades democráticamente electas y la restauración del Estado de Derecho”.
También convoca a la ciudadanía en general a realizar el “resguardo pacífico, responsable y permanente de todas las oficinas de las instituciones públicas nacionales en los diferentes departamentos del País, con el fin de expresar nuestro repudio al secuestro de nuestra democracia y libertad”.
Finalmente los representantes cívicos determinan “rechazar todas las políticas tributarias coercitivas que está ejerciendo el Gobierno nacional en contra de la población boliviana, con ‘el fin de silenciar y amordazar a la ciudadanía y sus actividades económicas legalmente establecidas'”.
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