ESPAÑA, Madrid, 24 de Junio de 2026 (GPA). La Policía de España revela un nuevo informe sobre las presuntas tramas de corrupción del expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, en los que asoma delitos como, uso de influencias, asociación delictuosa, entre otros.
En esta ocasión, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) estableció que en 2024, Rodríguez Zapatero cobró 200.000 euros por influir ante el Gobierno de Bolivia en favor de un Grupo peruano Gloria que había perdido un proceso judicial millonario en el país.
El origen de este nuevo caso corrupción emana del teléfono móvil de Gertrudis Alcázar, secretaria de Rodríguez Zapatero, y en la agenda del expresidente español que fue incautada en el registro a su oficina. El hallazgos realizado en el móvil fue documentado por los investigadores y entregado a José Luis Calama, juez de garantías del caso Zapatero, el caso Plus Ultra.
Del examen informático practicado al móvil, la UDEF estableció reuniones y contactos con “altas esferas políticas de Bolivia”, como el propio expresidente socialista, Luis Arce Catacora, y sus exministros de Economía, Marcelo Montenegro y de Justicia, César Síles, además del procurador general del Estado, Ricardo Condori, según el reporte de El País.
La “dinámica de intermediación e influencias” orientada a favorecer los intereses del grupo empresarial peruano ocasionó una pérdida de 107 millones de dólares. Sin embargo, el daño más grave fue provocado a la credibilidad del imperio de la ley, que fue manipulado para evadir el cumplimiento de una sentencia condenatoria del poder judicial boliviano.
Los antecedentes del caso se remontan al 2011, cuando la empresa Sociedad Boliviana de Cementos S.A. (SOBOCE), filial del Grupo peruano Gloria, fue demandada por «competencia desleal» interpuesta por la empresa Fabrica Nacional de Cementos (FANCESA), compañía pública boliviana.
La Justicia del país estableció que SOBOCE había usado las acciones de FANCESA de forma indebida como garantía para financiar su propia expansión. Por lo tanto, lo sentenció a pagar 107 millones de dólares (unos 744 millones de pesos bolivianos), por competencia desleal. En febrero de 2025, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ratificó la sentencia, además del pago 12 millones de dólares por otras dos disputadas.
Los agentes de la UDEF creen que Zapatero cobró de forma camuflada por labores de consultoría a través de una empresa interpuesta (Focus Social Research) lo que, en realidad, fue la intermediación para que el grupo peruano no pagara el resarcimiento del daño por el monto de 107 millones de dólares a la que había sido condenado.
La UDEF sostiene que “la concatenación de hechos acreditados” lleva a inferir la “existencia de una dinámica de intermediación e influencias” orientadas a beneficiar los intereses del Grupo Gloria con un “contrato simulado”. Sin embargo, el entorno de Zapatero asegura que se trató de una consultoría legal y que sería “inaceptable” una investigación “prospectiva” de la tarea profesional del expresidente.
El informe refleja que Zapatero firmó un contrato de consultoría por 200.000 euros (227.720 dólares), en tres plazos cuya finalidad, supuestamente y según los agentes, tenía más que ver con un ejercicio de influencias: resolver los problemas judiciales del Grupo Gloria en Bolivia, propietaria de SOBOCE.
Así, los agentes de la UDEF destacan que, de las conversaciones analizadas, se desprende que los servicios «de consultor» prestados por Zapatero “no guardan relación” real con Focus Social Research (la empresa que le paga en Lima, Perú), que “estaría orientada al marketing”.
La UDEF asegura en el informe que este descubrimiento apuntala “los indicios de la existencia de una organización criminal, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes”.
Al igual que el patrón identificado en el caso de rescate de la aerolínea Plus Ultra, los investigadores indican que Gertrudis Alcázar “tendría un papel relevante”, por “su intervención en la gestión de las comunicaciones” y “el intercambio de documentación”, así como por su dominio de la agenda.
Cronología de las gestiones
Las supuestas gestiones de Zapatero con esta empresa peruana comienzan en mayo de 2024, cuando SOBOCE ya tenía problemas con la justicia en La Paz por un pleito con FANCESA.
La primera reunión que consta en su oficina de la calle Ferraz se produjo el 8 de mayo de ese año entre Zapatero y Carmen Almendras, la entonces embajadora de Bolivia en España (y actual asesora de Kreab Bolivia), y un día después la secretaria del expresidente español, Gertrudis Alcánzar, remitió a Almendras un borrador de asesoramiento.
Al hilo cronológico que refleja la UDEF sobre las conversaciones, se suma una directiva del Grupo Gloria y un representante de Focus Social Research.
Los mensajes entre todos culminan el 13 de mayo, cuando finalmente es este grupo el que firma la labor de asesoría con Zapatero con unos honorarios de 200.000 euros en tres plazos, además de una dieta de 10.000 euros diarios más gastos en caso de viajes.
En el contrato rubricado con la empresa peruana, que se intervino en la oficina del expresidente, se pone como objeto “la prestación por parte del asesor de sus servicios de asesoramiento en el ámbito de la actividad que desarrolla la compañía”.
Cabe recordar que el juez Calama preguntó a Zapatero la pasada semana en su declaración, precisamente, por el nombre de esa mercantil (Focus Social Research), pero el expresidente se limitó a decir que eso no constaba en el sumario y que no iba a profundizar en qué labores había realizado.
El 28 de junio de 2024 se produjo el primer pago de 100.000 euros de la empresa peruana a favor de Zapatero. Y dos meses después, el 30 de agosto, consta cómo la secretaria del expresidente contacta con María Nela Prada, ministra de la Presidencia de Bolivia, para cerrar una reunión entre el presidente del país, Luis Arce Catacora, y Zapatero.
“Estimada ministra, le saluda Gertrudis de la Oficina del Pdte. Zapatero. Le escribo por el viaje del Pdte. Zapatero a Bolivia y para organizar la reunión con el Excmo Sr. Presidente Arce. Le comento: el presidente Zapatero llega a Bolivia el sábado 14 de septiembre”, detalla el mensaje enviada por Gertrudis Alcánzar.
Según el informe de la UDEF, un día después, el 15 de septiembre se vio con el presidente Arce y, previamente el mismo día, con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, de acuerdo a su agenda.
En la comitiva de ese viaje estuvieron incluidos los hermanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón, que son una pareja de empresarios venezolanos que también están bajo el foco de la investigación en la Audiencia Nacional de España.
La UDEF trató de registrar la sede de su empresa en Madrid, Inteligencia Prospectiva, sin éxito porque la oficina ya no estaba. El juez la describió la pasada semana como una empresa que había desaparecido. La investigación apunta que esta empresa hacía pagos a Zapatero y a sus hijas de capital extranjero como una supuesta operación de blanqueo de capitales.
La secuencia de gestiones que detalla la Policía continúa los siguientes meses, pero en febrero de 2025, la Sala Civil del Tribunal Supremo bolivariano decide ratificar la sentencia contra SOBOCE, que le obliga al pago de la indemnización millonaria a FANCESA.
Tras la ratificación del fallo por el máximo tribunal del Poder Judicial boliviano, en marzo de 2025, la empresa del Grupo Gloria decidió presentar un amparo constitucional alegando que se habían vulnerado sus derechos.
Unos meses más tarde, en mayo, consta un mensaje de Zapatero a su secretaria diciendo que tenía que hablar con el presidente de Bolivia; y consta otro de Gertrudis Alcázar a la jefa de gabinete del presidente boliviano.
“Buenos días, Fabiola (Salazar), me indica el pdte. Zapatero, que me enviarás el contacto del procurador y también me avisarás cuando el presidente de Bolivia haya hablado con el procurador, para que a su vez el Pdte. Zapatero llame a este señor. Quedo a la espera del teléfono y de tus indicaciones”, señala el mensaje de Gertrudis Alcázar a Fabiola Salazar.
De acuerdo a las comunicaciones de la secretaria del expresidente, finalmente él se comunicó con el ministro de Justicia y no directamente con el procurador el 6 de mayo de 2025. Los agentes dan por hecho que las gestiones de Zapatero, aunque no inmediatamente, finalmente resultaron exitosas porque el 30 de mayo la Sala Constitucional Segunda del Tribunal de Justicia de La Paz falla a favor de SOBOCE y “deja sin efecto temporalmente la sentencia que ordenaba el pago”.
Todavía queda un paso en la justicia boliviana para que el fallo sea definitivo, pero la UDEF recalca que justo “unas semanas después”, el 16 y el 20 de junio de 2025, se ordenaron “dos transferencias, por importe de 50.000 euros cada una”, desde la sociedad que contrató la consultoría, Focus Social Research, a favor de Zapatero, según consigna El País.
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