ESTADOS UNIDOS, Washington, D.C., 26 de Septiembre de 2023 (GPA). Preocupa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el riesgo de debilitamiento que presenta el funcionamiento del sistema de justicia de Bolivia, situación ocasionada por el Congreso Nacional, el Gobierno y el Poder Judicial boliviano.
“La CIDH expresa preocupación ante los desafíos que se presentan en el proceso de elección de las autoridades para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura que pueden debilitar el funcionamiento del sistema de justicia de Bolivia“, señala el comunicado de esta entidad.
En ese contexto, la CIDH llamó al Estado Plurinacional de Bolivia, en particular a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), a garantizar la realización de las elecciones judiciales porque “revisten una importancia fundamental para asegurar la independencia, imparcialidad, eficacia de los órganos judiciales”.
“En este escenario, urge al Estado, en particular a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), a adoptar medidas efectivas para garantizar la independencia de los poderes y el debido funcionamiento del sistema de justicia, en cumplimiento a los estándares interamericanos”, señaló el organismo de los derechos humanos en las Américas.
El proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales fue paralizado en la Asamblea Legislativa Plurinacional en dos ocasiones. La primera por decisión de una Sala Constitucional y la segunda por un recurso presentado por un legislador de Creemos ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
A finales del mes de julio, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo que anuló el reglamento y la convocatoria, exigiendo al Legislativo que apruebe con dos tercios una ley para este proceso; sin embargo, en el Legislativo no existe consenso entre las fuerzas políticas.
En ese camino de obstáculos, la semana pasada, el TSJ decidió pedir una consulta de constitucionalidad ante el TCP de la referida norma, y esta instancia tiene 30 días para dar su fallo, por lo que peligra que las elecciones judiciales se desarrollen, incluso, en enero del 2024.
En ese marco, la CIDH hace recuerda que las elecciones debían realizarse en diciembre de este año, sin embargo, hace notar que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya señaló que ese proceso no será posible debido al retraso de la ALP en la remisión de la lista de precandidatos.
“La CIDH observa que el proceso de preselección de candidaturas, a cargo de la ALP ha estado marcado por la ausencia de consensos entre las distintas bancadas políticas que deben aprobar el reglamento y la convocatoria conforme establece la normativa nacional”, remarca la entidad de DDHH.
La Comisión Interamericana destaca que la Cámara de Senadores haya aprobado en agosto una Ley para agilizar los procesos previos a las elecciones judiciales, a su vez reprocha que la Cámara de Diputados no haya tenido la capacidad de tratar dicha norma.
Finalmente, la CIDH pide al Estado, y en especial a la ALP, generar consensos, aprobar la convocatoria y el reglamento respectivos, para avanzar y concluir en tiempo y forma el proceso de selección de las autoridades de las mencionadas instituciones de justicia, en observancia de los estándares internacionales y con garantías de transparencia e independencia.
“Estos procedimientos deben cumplir con requisitos básicos como la difusión previa de las convocatorias, plazos y procedimientos; la garantía de acceso igualitario e incluyente de todas las personas candidatas; la calificación con base en mérito y capacidades profesionales; así como participación de la sociedad civil para un efectivo control social. Además, es imperativo que estén libres de influencias políticas y de cualquier tipo de discriminación, a fin de generar confianza por parte de la ciudadanía en las instituciones del Estado”, añade el comunicado.
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