BOLIVIA, Sucre, 12 de Diciembre de 2023 (GPA). Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia decide prorrogar su mandato y la del poder judicial hasta las próximas elecciones judiciales, pese a que la ley establece que ninguna autoridad judicial puede quedarse en el cargo ni un día más de su mandato de seis años.
De forma unánime el TCP declara la inconstitucionalidad del proyecto de Ley Transitoria de Elecciones Judiciales y dispone que las autoridades actuales deben permanecer en los cargos para los cuales han sido elegidos, mediante votación, hasta que se produzca la nueva elección.
“Este tribunal dispone la continuidad o prórroga de mandato de las actuales autoridades, tanto del Órgano Judicial como del Tribunal Constitucional Plurinacional”, dijo el magistrado René Espada en conferencia conjunta con los otros integrantes del TCP.
La extensión de ese mandato durará mientras “no sean elegidas y posesionadas las nuevas autoridades judiciales, producto de la preselección (de candidatos), que es atribución de la Asamblea Legislativa y producto de la elección que tiene que organizar y ejecutar el Órgano Electoral Plurinacional”.
Esta decisión está contenida en la Declaración Constitucional 0049/2023; cuyas tres primeras disposiciones establecen la inconstitucionalidad del proyecto de ley 144 sobre las elecciones judiciales que fue aprobada por la Cámara de Senadores el 31 de julio.
El documento, además, dispone que “no se puede delegar a los funcionarios subalternos la transición a partir del 2 de enero (de 2024) de estas instancias máximas de administración de justicia”.
De esta manera, el fallo del TCP abre otros frente de ilegalidad en el futuro del mandato de los magistrados actuales, que fenece el 2 de enero de 2024, con el argumento equivocado de un supuesto “vacío legal” debido a que la acefalía ausencia de las máximas autoridades del Poder Judicial, cuando el resto de los funcionarios continuarán con su labor.
A través de la consulta de constitucionalidad, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) observó el artículo 2 y la disposición adicional sexta del proyecto ley. Esta última dispone que el personal subalterno quede a cargo hasta la posesión de las nuevas autoridades y suspende los plazos procesales.
El debate de los partidos políticos se mantenía estancado en los últimos meses entre varias alternativas, entre ellas la de designar autoridades interinas, elegirlas transitoriamente mediante sorteo o dar continuidad a las actuales, como finalmente deberá suceder.
El TCP declaró la inconstitucionalidad de esta disposición adicional, con el argumento de que no se puede dejar sin servicio judicial a la población.
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